Pese a que el Tribunal Federal ordenó investigar qué ocurrió con las escuchas telefónicas que se presumen extraviadas y que se solicitaran las grabaciones respaldatorias a la Corte Suprema, esto no tranquilizó a los defensores del denominado Clan Ale. “Es sumamente preocupante el extravío de esta cantidad de escuchas. Si la cadena de custodia tuvo un quiebre, pone en tela de juicio el tema del debido proceso. Y si están la copias, cada una de las defensas podrá objetar la fidelidad de estas grabaciones”, opinó Marcos Juárez, abogado de Ernesto Catulo. “Es gravísimo. Las pruebas con las que el Estado se intenta valer para condenarte no están”, planteó Cergio Morfil, quien asiste legalmente a Ángel “El Mono” Ale.

El manejo de pruebas

“En el lugar de resguardo o custodia se debe anotar todo en un libro habilitado por la autoridad a cargo de la custodia. Se sigue un protocolo, que determina cómo es el registro, anotando con detalle los datos: descripción, Juzgado que interviene, la causa y dónde se encuentra depositado. Este registro estuvo a cargo de la PSA y Gendarmería. Al iniciarse el juicio, los secuestros fueron puestos a la vista. Luego se determinó el faltante de unos 60 CDs que son parte de la prueba, que pueden determinar la inocencia o la culpabilidad de los acusados. Esto, que aún no se puede determinar si es un acontecimiento doloso o no, produjo la alteración de la custodia. Estos secuestros debieron estar debidamente identificados y sobre todo, resguardados. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato, para determinar los responsables, y si el acto fue delictivo o no”, relató Ernesto Baaclini, defensor de Roberto Dilascio.

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El anuncio de que se iba a investigar lo ocurrido y que se iba a pedir al máximo tribunal las grabaciones respaldatorias estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal, Alicia Noli, luego de decidirlo con los otros miembros, Gabriel Casas y Domingo Batule.

“Me parece absolutamente lamentable. Esto pone en tela de juicio una serie de pruebas que deben ser evaluadas para un fallo justo. Va a ser muy difícil para el tribunal emitir un fallo justo sin todo el plexo probatorio, en una causa tan difícil y delicada”, planteó Juan Carlos Soria, representante legal de Valeria Bestán.

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Este episodio provocó que Juan Roberto Robles, el defensor de José Lucero, criticara por enésima vez al juez Fernando Poviña, a cargo de la causa durante su investigación. “Él era el responsable directo de la conservación de todas las pruebas que debían aportarse en el debate oral y público. Ahora no hay seguridad de tener un debate transparente. Hay que investigar urgente para determinar si hubo o no algún delito por parte de quienes tuvieron a su cargo el resguardo de las pruebas”.

Sospechas

Morfil aclaró que primero habrá que certificar que las pruebas se hayan perdido. En caso de que eso ocurriera, analizó: “tendremos que pensar a quién beneficiaba esto. Todos tenemos derecho a pensar que las hizo desaparecer la defensa, pero resulta que la defensa no cuida las pruebas, las cuidan ellos (la Justicia). Y en otro punto de vista, (se puede creer que) quizás las pruebas no dijeran lo que se señaló que contenían”.

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Para entenderlo, dio un ejemplo. “En algún momento, con respecto a Ángel, se escuchó que pedía que alguien prepare puré de garbanzo. Eso se tomó como sospechoso de que podría ser preparación de sustancias prohibidas. Pero él lo pedía para una comida del inicio de zafra, que ofrecía para todos los cosecheros. Entonces, se sale de todo tipo de contexto. Queremos escuchar lo que decía antes, durante y después de la frase que les resulta sospechosa. Y resulta que ahora las pruebas no están”.

Al ser consultada por LA GACETA, una fuente del caso explicó que aún no se pudo determinar si las pruebas están extraviadas. “Con las pruebas se llenaron dos camiones. Todavía no se puede decir que estén extraviadas, porque incluso hasta se pueden haber traspapelado. Por supuesto que se va a investigar qué fue lo que pasó, pero no hay nada de que preocuparse porque hay copias de todo”, deslizó.